En general, estos sistemas pueden implantarse asociados a cualquier actividad o empresa,  puesto que cualquier sector puede beneficiarse de una herramienta que permite la comunicación de irregularidades, ilegalidades u otras incidencias.

No obstante, existe la obligación de implantar canales y procedimientos para la prevención del fraude y/o canales de denuncia en todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros. También deberán introducirlos las entidades de algunos sectores especialmente sensibles, como los servicios financieros o aquellos "vulnerables" al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.